El urbanismo calpino no interesa a nadie. Perdió el interés popular en el momento que su utilidad se apartó del servicio público y se dedicó a arreglar asuntos particulares.
Un tema tan viejo que se ha vuelto cansino, suscita desafección y rechazo a partes iguales. Beneficia, paradójicamente, a los múltiples autores de la mayoría de los desmanes que actualmente hay en la escena. La falta de un activismo concreto unificado estimula el libre albedrío de los intereses puntuales, más organizados y mejor dotados económicamente.
Hay que decir las cosas claras, la sobreexplotación especulativa y el desastre parcelado de Calp se le debe atribuir al Partido Popular local en sus múltiples apariciones: minoritario o coaligado, mayoritario, azul verdoso o anaranjado, pero siempre retorcido y lesivo con un interés general que nunca defendieron.
A los actores de siempre se suman lo nuevos, oportunistas advenedizos que pretenden sentar cátedra desde púlpitos oficiales. Sabiendo que por el cargo que ocupan la gente estará obligada a escucharles, por muchas tonterías que puedan decir en un momento dado.
Estos nuevos actores, solo aplaudidos por aquellos que quedan en nómina, pretenden también eludir la responsabilidad de su pecado «original», aquello de «ser abanderados del cambio», o dicho de otra forma -mentir descaradamente-. Por mucho que se disfrace el discurso con perífrasis rimbombantes, un estafador es un estafador.
Haciendo un análisis de la situación, el «urbanismo nuevo» se parece mucho al antiguo.
Calalga: El ayuntamiento le vende a un promotor una parcela municipal de 740 metros cuadrados para que aproveche su edificabilidad. El proyecto inicial directamente contemplaba esta opción pese a que aún está pendiente de votarse. Ahora toca justificar con patrañas públicas las decisiones ya tomadas en despachos privados. Nota: La empresa promotora comparte dirección fiscal con otras dos.
La Manzanera: Después de 40 años de compraventas y compensaciones opacas, el ayuntamiento pretende liquidar todas las zonas verdes de la Manzanera para satisfacer los intereses urbanísticos de un particular. Aún no se ha clarificado la existencia de servidumbres inscritas en el registro por parte del departamento de urbanismo. Nota: Aunque la propiedad final de la parcela está en entredicho la empresa promotora, sí también, comparte dirección fiscal con otras dos.
Casita Blanca: Ante la posibilidad de que en una parcela existan restos arqueológicos, cuestión fácil de zanjar con informes de patrimonio o cultura, el departamento de territorio directamente aboga por la inexistencia (sin pruebas), y la defensa de los promotores. Y sí, también aquí la empresa promotora comparte dirección fiscal con otras dos.
La limitación de alturas del SALADAR: La gran mentira del Partido Popular en su anterior mandato, que una «barra libre de alturas» salvaría los baños de la reina. Mentira. Una de las primeras decisiones fue revertir esa decisión aberrante, no por interés público, más bien para salvar el culo de las personas que lo ingeniaron. Ahora donde iba la torre de 34 ahora van 2 torres de 19, ¡¡bravo!!
Edificio Infinium: Una caso que merece una reseña especial ver como el departamento de territorio avaló la construcción de una torre que anexionándose una terreno aledaño con un caminito ganó en altura, volumen y ganancia. Prevaleciendo otra vez lo particular sobre lo público.
Hotel del Borumbot: Abandonado a media obra, aún contando presuntamente con todos los beneplácitos legales. Después de ser analizado con lupa, una obra de muy difícil encaje legal, encontrándonos con otra filigrana legal urdida en los obradores del urbanismo calpino, el mismo desde hace 20 años.
El camino de Terrasala: Una cañada de 4 metros de ancho usurpada por un propietario que la anexionó a su casa, aún estando registrado dicho camino en el catastro. Pese a llevar el asunto al pleno, el ayuntamiento no hizo nada para recuperar la senda, «los amigos primero».
La lista de asuntos turbios, mal explicados y unilateralmente decididos es larga y extensa, no hay tiempo para tratarlos todos. Pero mientras un nuevo títere nos quiere contar los cuentos que le cuentan la realidad es bien otra.
En el ayuntamiento se pierden expedientes, se niega los accesos a información, se tergiversa cuando interesa y se judicializan la decisiones para distraer al particular perjudicado. Un continuismo hiriente que pretende engañar a todos y cada uno de los calpinos. Cada vez menos.
La estrategia de colocar al frente de la maquinaría a un pusilánime bien hablado será a la larga muy entretenida para los que aún se fijen en eso, y aunque solo conseguirá ganar tiempo, quizás sea el suficiente para borrar las huellas de los verdaderos responsables.
Desde que la disciplina urbanística se torció en negocio privado, va acumulando innumerables boletos para convertirse en un asunto penal. Y al final de todo será, quizás, un tonto útil quien se lleve ese premio.
