Enterrar el PATIVEL no es un simple cambio normativo. Es una apuesta arriesgada que puede acabar en los tribunales, en Bruselas y, sobre todo, en el bolsillo de los ciudadanos.
El PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) es, o era, en esencia, la normativa que ha regulado la protección de la costa en la Comunidad Valenciana durante los últimos años. Aprobado originalmente en 2018 por el gobierno del «Botànic» (PSPV y Compromís), su objetivo principal era frenar el urbanismo depredador en la costa. Establecía una franja de protección de 500 metros desde la ribera del mar donde se restringía fuertemente la construcción. Además, buscaba conectar los espacios naturales del litoral con el interior para evitar que la costa fuera un «muro de cemento» continuo.
Supuso la protección de unas 7.500 hectáreas de suelo que antes eran urbanizables, devolviéndoles su carácter rural o protegido. Sin embargo, su situación ha cambiado drásticamente debido a cambios políticos y judiciales.
Con el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana (PP, con el apoyo previo de Vox), la política litoral ha dado un giro de 180 grados. El nuevo ejecutivo ha iniciado los trámites para sustituir el PATIVEL por una nueva Ley de Costas.
Se está trabajando en un nuevo instrumento que busca «superar» el PATIVEL. El argumento del nuevo ejecutivo es que la política del «Botànic» era «obsoleta e ineficaz» y que la nueva ley permitirá, por ejemplo, que ciertos establecimientos turísticos (como hoteles) puedan estar más cerca de la costa (a unos 200 metros) si cumplen ciertos requisitos de sostenibilidad.
Resumen de la situación:
El PATIVEL debería observarse como «Derecho Consolidado»: no fue solo un plan urbanístico; fue un acto de reconocimiento de la fragilidad del litoral. Al otorgar protección a esas 7.500 hectáreas, la Administración elevó el estándar de protección.
El Principio de No Regresión Ambiental. Una vez que un suelo ha sido reconocido como «Infraestructura Verde» por sus valores ambientales y paisajísticos, su desprotección para permitir hoteles o viviendas choca frontalmente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Supremo ha sido claro: «El medio ambiente no es un patrimonio de la Administración del que esta pueda disponer libremente».
La trampa procedimental: Si la nueva ley valenciana permite construir a 200 metros lo que antes estaba prohibido hasta los 500, está rompiendo este principio. La Generalitat intentará esquivar esto argumentando que no es una «regresión«, sino una «reordenación«. Pero para un juez, si el resultado neto es más cemento y menos biodiversidad, es regresión.
La trampa del «Suelo de Reordenación»: La nueva ley clasifica zonas como de «reordenación«. En Calpe, esto podría usarse para legalizar o permitir nuevos desarrollos bajo la promesa de «mejorar la fachada marítima». Se está ignorando el riesgo de inundación y el retroceso de la playa de la Fossa. Al permitir más densidad cerca de la costa, se está aumentando la población expuesta a riesgos climáticos. El PATIVEL buscaba «esponjar»; la tendencia actual busca «optimizar» el espacio que queda, lo cual es un error de cálculo geológico. La costa no es un solar pendiente de optimización, sino un sistema natural en retroceso.
El «Interés General» frente al «Interés Económico«. La nueva ley intentará justificar la regresión bajo el paraguas del «desarrollo económico» o la «autonomía local». El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han establecido que el desarrollo económico por sí solo no justifica la degradación de un ecosistema ya protegido. Para que la nueva ley sea legal, la Generalitat tendrá que demostrar —municipio por municipio— que esos suelos ya no tienen el valor ambiental que el PATIVEL decía que tenían. Esto es científicamente casi imposible de probar, lo que convierte a la nueva ley en una norma altamente vulnerable a recursos de inconstitucionalidad.
El «Búmeran» Jurídico que se nos viene. Aquí es donde el análisis se vuelve más sombrío. Si la nueva ley incentiva a los ayuntamientos a dar licencias basándose en esta flexibilización, y años después los tribunales anulan la ley por vulnerar la no regresión ambiental: Las licencias serán nulas, las edificaciones podrían ser demolidas (El precedente del Algarrobico no es una anomalía del pasado, sino un aviso del futuro.) y las indemnizaciones millonarias las pagarán los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, no los políticos que firmaron la ley.
El «entierro» del PATIVEL es una apuesta de altísimo riesgo jurídico. Estamos ante una estrategia de «hechos consumados»: intentar construir rápido antes de que los tribunales (que son lentos) dictaminen. Como ambientalista, mi visión es que se está ignorando la jerarquía normativa: una Ley Autonómica no puede pasar por encima del deber constitucional de proteger el medio ambiente (Art. 45 CE) ni de los tratados internacionales de la UE (de eso hablaremos otro día).
PATIVEL no era un freno al progreso, sino un seguro de vida frente al cambio climático y la especulación a corto plazo. Enterrarlo puede salir muy caro. Ambientalmente, jurídicamente y, sobre todo, económicamente. El nivel del mar no entiende de leyes autonómicas. En 20 años, cuando estas nuevas torres necesiten espigones de millones de euros para no inundarse o cuando las especies autóctonas se extingan, la responsabilidad no será de los promotores (que ya habrán vendido y se habrán ido), sino de la Administración que desprotegió el suelo.
Reflexión: Desde ACEC queremos dejar claro que esta no es una lucha ideológica entre izquierda y derecha. Es una confrontación entre el derecho a un futuro resiliente frente a la especulación de corto plazo. Es la diferencia entre gestionar un territorio con visión de siglo o gestionarlo con visión de legislatura. El PATIVEL era imperfecto, mejorable, discutible en algunos aspectos. Pero era el dique que contenía la presión urbanística. Destruir ese dique sin tener una alternativa sólida, científicamente respaldada y jurídicamente blindada no es valentía política: es temeridad.
