Cuando AZNAR tuvo la genial idea – léase con ironía — de liberalizar el suelo para impulsar el sector de la construcción, alimentó el germen de la burbuja inmobiliaria y, por ende, la crisis que ahora sufrimos. Pero lejos de aprender de los errores pasados, los políticos que ahora dirigen de forma totalitaria el país – qué casualidad, muchos de ellos ya participaron activamente en la liberalización del suelo—ahora, increíblemente, liberalizan la costa. La única explicación posible es que no se trata de una decisión política errónea, no es un error, es una decisión consciente tendente a favorecer la construcción de la costa – que siempre ha sido la panacea para especuladores y corruptos tal y como ha retratado recientemente la televisión en series sobradamente conocidas.
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El actual gobierno de RAJOY nos tiene acostumbrados a retroceder de un plumazo 30 años; lo hemos visto en materia laboral, derechos sociales, tasas judiciales, ley dependencia, educación, sanidad, y posiblemente en legislación abortiva si la cordura no lo evita. Este retroceso también se produce con la nueva Ley de Costas – aprobada por la mayoría del PP el pasado jueves — que deroga sustancialmente la anterior de 1988, que en su momento fue calificada de norma necesaria y garantista para proteger el litoral. Ahora, gracias a la maquinaria totalitarista del PP y a su voluntad inequívoca de favorecer a su corte clientelar, pone a toda la costa española bajo las ruedas de las excavadoras y a merced de los especuladores.
Por mucho que se pretenda ocultar las verdaderas intenciones de la nueva ley con un nombre tan pomposo como falso – Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral –, lo cierto es que la nueva norma convierte en urbanizable la costa al reducir la anterior protección de 100 metros a escasamente 20, lo que de nuevo abre la veda para futuras inversiones inmobiliarias. No sólo elimina la protección del litoral – que pasa a ser edificable—si no que legaliza a más de 154.000.- inmuebles levantados a pie de costa y a más de 1.700.- industrias junto al mar.
El PSOE ha asegurado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional; a quienes queremos un litoral protegido sólo nos queda encomendarnos al poder judicial o a esperar un próximo cambio político que acabe con tanto despropósito.
Guillermo Sendra Guardiola
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