El pasado día 14 de febrero el Sr. Del Pino, Delegado de Territorio de Calp, lanzó una nueva serie de exabruptos y bravuconadas en relación con la Muralla Roja. En concreto lanzo una serie de falsedades contra la comunidad de la Murrall Roja y otras tantas omisiones interesadas en temas como:
- La declaración unilateral del BIC BIen de interés cultural
- Restauración de la Murralla Roja y la colaboracion con el Taller Bofill
- Presuntos precios abusivos por visitas intentando confundir con rodajes profesionarles
- La relación con el ayuntamiento y sus visitas protocolarias
Dicha situación ha provocado que la Comunidad de Propietarios de la Muralla Roja, compuesta por muchos calpinos y calpinas de origen humilde que adquirieron una vivienda de poco más de 50m2 en busca de tranquilidad, se haya vista obligada a emitir un comunicado para, así, dar contestación al Sr. Del Pino.
Al hilo de dicho comunicado, y ante las numerosas falsas aseveraciones, medias verdades y ocultación de información que el actual equipo de gobierno de Calp ha realizado sobre la Muralla Roja y el Club Social durante estos últimos años, desde ACEC hemos querido poner a disposición de la ciudadanía los datos e información real de la situación actual sobre los dos edificios mencionados.
Bien de Interés Cultural (BIC)
Los vecinos de la Muralla Roja rechazaron en junta de propietarios que el edificio fuera declarado como BIC.
Esta situación que es conocida por el Ayuntamiento es de especial relevancia, puesto que conforme a la Ley Patrimonio Cultural Valenciana no podrá ser declarado como BIC una obra sin contar con la autorización expresa de sus propietarios.
Además, tanto la Muralla Roja como el Club Social están ya altamente protegidos en base a la normativa actual. Sin embargo, el Ayuntamiento:
- No ha invertido ni un euro en el mantenimiento de la Muralla Roja, teniendo que hacer frente los vecinos a todos los gastos relacionados con la conservación del edificio y sus exteriores. Sin embargo, esto no ha impedido al Ayuntamiento hacer a su antojo un uso publicitario del edificio para su propio y único interés.
- Ha dejado al Club Social en el más absoluto estado de ruina. El Ayuntamiento lleva cinco años siendo el concesionario del Club Social. No obstante lo anterior, en este tiempo no ha procedido a realizar obra de mantenimiento alguna para garantizar su seguridad. Asimismo, el Ayuntamiento no ha procedido a realizar una limpieza recurrente del lugar y, prácticamente, solo ha procedido con su limpieza en cuanto la alcaldesa ha querido personarse en el edificio para hacerse una sesión de fotos.
Por último, cabe destacar el calamitoso estado en el que se encuentran los Baños de la Reina pese a ser BIC. Por lo tanto, cabe decir sin género de duda alguna que el ser declarado BIC no garantiza un mantenimiento o conservación especial.
Red Natura 2000
El Club Social se encuentra localizado en una zona integrada en la Red Natura 2000.
La Red Natura 2000 es una red a nivel europeo formada por aquellas zonas geográficas que, dada su especial y relevante singularidad, deben ostentar el máximo nivel de protección medioambiental. Dada esta categorización, únicamente pueden ejecutarse obras en la Red Natura 2000 que respondan a supuestos tasados por la ley, situación que no se da en el presente caso.
Asimismo, el Ayuntamiento conocía desde el año 2015 que debía someter el proyecto urbanístico a un estudio ambiental para conocer las repercusiones del mismo sobre la Red Natura 2000. No obstante, no fue hasta el pasado año cuando realizó dicho informe, pero no sin antes adjudicar las obras sin tener la certeza de si el proyecto era viable o no.
El resultado final fue que el proyecto no era viable desde un punto de vista medioambiental dada su grave afección a la biodiversidad de la zona y que una constructora ha sido adjudicataria de un contrato por valor de casí 1,2 millones de euros (1.125.507,27 €,) por una obra que no puede realizar.
Todo lo anterior muestra la deriva del actual equipo de gobierno en relación con la Manzanera.
El ayuntamiento ataca a todos los que les llevan la contraria
Desde el gobierno local se ataca y vilipendia a no solo a ACEC, también a la comunidad de vecinos de la Muralla Roja, ¿A por quién irán mañana?
Desde ACEC requerimos al Ayuntamiento a que proceda a realizar toda actuación necesaria en aras de potenciar la conservación del medio ambiente y la biodiversidad de la Cala Manzanera. El crear una zona de alto interés medioambiental permitiría al municipio atraer un turismo sostenible y de gran calidad (turismo que en la actualidad prefiere acudir a otras localidades de la zona como Moraira o Xábia).
Las actuaciones que el Ayuntamiento de Calp está ejecutando únicamente potencian un turismo superfluo y sin retorno para el pueblo, pues que acudan al municipio turistas para hacerse una foto para Instagram y volver a su localidad de origen no trae riqueza al pueblo, únicamente nos convierte en un “Calpe, caga y vete”. Además, dichas actuaciones van en contra de los principios e ideas del Sr. Ricardo Bofill, que siempre manifestó su disconformidad con el fenómeno de sus edificios en Instagram. Es obligación moral del Ayuntamiento plantear actuaciones y homenajes que sean conforme a los ideales del Sr. Ricardo Bofill y no por un interés económico del Ayuntamiento.
Por último, convendría recordar al Sr. Del Pino que su particular ego y gozo cultural no está por encima del derecho a la propiedad privada y a la intimidad de los vecinos de la Muralla Roja. Los vecinos tienen el total y absoluto derecho para determinar el precio y régimen de visitas que estimen conveniente para sus intereses, teniéndose que abstener cualquier ente público de interceder en dicha situación.
Roza lo absurdo y lo obsceno tener que poner en valor el derecho a la propiedad privada a un representante de un partido liberal y que, además, manifestó que entraba en la política para revertir las políticas de urbanismo caníbal que el PP había ejecutado en la localidad. No obstante, nunca es tarde para volver a defender los principios de una persona y evitar parecer un becario en busca de un contrato indefinido en un nuevo partido político.
Ha quedado claro que las campañas de desprestigio que se lanzan desde las instituciones siempre perjudican mucho más a quien las inicia que a los que se pretende atacar. Un David contra Goliat iniciado desde la misma administración es un abuso de poder que, en este siglo XXI que nos encontramos, inhabilita a los gobernantes que lo instigan. Risible si no fuera asunto mas serio. El pueblo de Calp ha sido testigo de un ataque indigno que en cualquier país civilizado se habría saldado con la dimisión del representante político que lo protagoniza. Aquí no, pero por lo menos nos quedamos con la certeza de que no son los intereses de la mayoría los que representan, sino claramente, los suyos propios, inefables y poco transparentes.
