Desinformación, opacidad y vacíos legales complican la posibilidad de tomar una postura clara. Mientras tanto, con la ubicación y ampliación de la piscifactoría tenemos un potencial riesgo que pone en peligro una industria ya consolidada, el turismo, en la que la reducción de la demanda podría generar pérdidas de hasta 900 millones
Desde la concesión en el año 2001 de las primeras piscifactorías, hasta el 2018, hemos pasado de soportar en la bahía de Calpe una superficie de 13 campos de futbol (12 jaulas, 95.232 m2) a un área equivalente a 77 campos de fútbol (45 jaulas, 550.000m2). La producción y beneficios para la empresa se incrementarían en unas 3000 toneladas de pescado anuales, mientras que para nuestro municipio lo harían los residuos, el impacto medioambiental y el riesgo de pérdida de demanda turística. Habría que preguntarse si con un precio medio 100-200 euros por noche nuestros huéspedes desean tener vistas a una piscifactoría industrial en la bahía de Calp.
Vaya por delante que no hay que postularse contrario a la acuicultura como tal, pero es evidente que hay un manifiesto conflicto de intereses entre dos sectores económicos, confrontando una industria turística consolidada que supone el 70% de los negocios de Calp, con otra que no llega ni al 0.1%, que apenas genera empleo ni genera un retorno positivo para Calp.
Hay que recordar que cuando hablamos de las piscifactorías no estamos hablando de tener unas gallinas en el patio trasero de casa, ni de economía circular, ni de alternativas de alimentación barata. Estamos hablando de una macro factoría, de producción industrial, de vertidos químicos y una larga lista de riesgos derivados que van desde la atracción de peces predadores a la bahía de Calp a una notable degeneración de la Posedonia oceánica en sus zonas limítrofes, aparte, un largo etcétera que en su momento se abordará.
La industria que ha irrumpido en Calp y que ahora pretende escalar, no se mueve por beneficios sociales, sostenibilidad ni para dar al mundo proteína barata, se mueve por beneficios económicos, dividendos y caras campañas de marketing para blanquear su imagen.
Por eso hay que valorar el riesgo en los mismos términos, los económicos, en la medida que pueda suponer una merma al sector turístico. Desde un estudio de la concejalía de turismo se razonan estos riesgos por su efecto indirecto e inducido. Con consideraciones tan conservadoras como precavidas nos situamos en una horquilla que va desde los 90 a los 900 millones de euros para cuantificar las pérdidas que generarían al motor económico del municipio por la presencia de las macro explotaciones piscifactoras.
Para ello partimos de trabajos académicos que aseveran que la presencia de piscifactorías, lejos de atraer el turismo, genera rechazo de la demanda turística en destino. En efecto, pueden llegar a reducir la demanda hasta un 10%. Parece poco, pero veamos a las cifras que genera el principal sector económico del municipio y a las que le vamos a restar ese porcentaje con un horizonte de 10 años.
Para empezar con la evaluación del impacto, es interesante establecer los datos estimativos de turistas que acuden a Calp, unos 336.000 al año (datos del año 2016, hoy en día seguramente mayor), con una media de 12 días de estancia y un gasto medio de unos 72 euros al día. Nos arroja una estimación total de 290 millones anuales. En solo una década podríamos encontrar
una incidencia de 29 a 290 millones en escenarios optimistas (1% de reducción de la demanda) o pesimistas (10% de reducción de la demanda).
Seguimos analizando el impacto indirecto, a través del directorio central de empresas, entre estas, las potencialmente dependientes del turismo se cifran en un 75% (construcción, comercio, transporte, hostelería, inmobiliarias). Por otro lado, las estadísticas de la afiliación a la seguridad social sitúan en un 65% los trabajadores que dependen de actividades turísticas. Podríamos afirmar sin riesgo que una media del 70% de la economía calpina dependería directamente del turismo. Si aplicamos este porcentaje a los declarantes del IRPF obtendríamos más de 100 millones. Dentro del PIB Alicantino, evaluemos también una estimación vinculada a las empresas calpinas dependientes del turismo, aquí barajamos cifras que oscilan entre 300 y 400 millones anuales que vendrían a respaldar los números anteriores.
Por último, los efectos inducidos, que, a falta de datos mejores, podríamos repercutir este efecto sobre el precio de la vivienda, basándonos en el valor de mercado de los 43.000 inmuebles registrados en Calp. Una estimación del valor total de los inmuebles urbanos de Calp rondaría los 6000 millones de euros. Por lo que la pérdida de valor del patrimonio inmobiliario de un 10% arrojaría 600 millones y un 1%, 60 millones.
Podríamos concluir que con la expansión de la piscifactoría y el rechazo de Calp como destino podríamos establecer pérdidas en una horquilla de entre 90 millones a diez años vista en escenarios optimistas de impacto leves o 900 millones siendo pesimistas con un impacto más duro sobre la demanda. Si bien el estudio es limitado, hay que añadir, que con toda probabilidad las cifras reales puedan ser mucho mayores y que servirán de base para confrontar una indemnización a la empresa explotadora.
Por desgracia, las leyes que en su día permitieron su instalación son laxas o poco concretas, tanto en lo referente a la existencia de otra industria con la que entra en conflicto, la cuestión paisajística, o en las repercusiones sobre el entorno marino, especialmente las praderas de posidonia. No lo son, por otra parte, las voces académicas que advierten y constatan las incompatibilidades. El interés de una mayoría de calpinos está en juego, de manera que tarde o temprano un legislador reactivo o un juzgado se verán obligado a resolver.
